PRONUNCIAMIENTO DE PATRIMONIO Y SITOS
POR EL ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE LEY Nº 3464
POR EL ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE LEY Nº 3464
“Cuando la sociedad se limita a ver y escuchar, sin participar, todo el ejercicio es fraudulento.”
Al Gore (2007: 89)
Al Gore (2007: 89)
El proyecto de Ley Nº 3464, es el más reciente de una serie de atropellos que la política actual del gobierno viene ejerciendo con respecto a la conservación del patrimonio histórico y arqueológico peruanos. El DL Nº 1003 (que agiliza trámites para la ejecución de obras públicas), las leyes promulgadas Nº 29164 (Promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes inmuebles, integrantes del patrimonio cultural de la Nación), Nº 29167 (que establece el procedimiento especial y transitorio para las licencias de edificación, ampliación o remodelación), Nº 29202 (que precisa los alcances de la Ley Nº 29164 - promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes inmuebles, integrantes del patrimonio cultural de la Nación), Nº 29167 (que establece el procedimiento especial y transitorio para las licencias de edificación, ampliación o remodelación de establecimientos de hospedaje) Nº 29090 (licencias automáticas, que faculta disponer de bienes culturales inmuebles sin consulta al INC), DS Nº 009-2009-ED (elimina al Estado la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, CIRA) y otras, son parte los muchos atentados que, a través del gobierno central, se vienen perpetrando contra nuestro patrimonio cultural.
Lamentablemente, el Instituto Nacional de Cultura no ha sido ajeno a ello: a pesar de las atribuciones de protección de nuestro patrimonio que le otorga la ley, fue incapaz de cumplir con su misión, por eso ahora, con este proyecto de ley se le pretende recortar sus atribuciones, lejos de cambiar a los funcionarios ineficientes o de reforzar su accionar elevando su presupuesto, capacitando personal e incrementándolo, así como de proveerlo del equipamiento necesario para el cumplimiento de sus amplias funciones en la salvaguardia de nuestro patrimonio cultural.
Por otro lado el gobierno central, parece haber olvidado lecciones del pasado. Contemporáneamente a la creación del INC (1971) se dieron importantes inversiones, públicas y privadas en nuestro patrimonio cultural (restauraciones para sedes bancarias y estatales, creación de COPESCO y su acción en el eje Cusco-Puno) que fueron posibles, gracias a facilidades tributarias y otras normas a favor de nuestro legado cultural. Lo que hoy se pretende es dar marcha atrás con todo lo avanzado en décadas.
En tal sentido, Patrimonio y Sitios, se suma a la protesta nacional para el archivamiento definitivo del proyecto de ley 3464 que el gobierno central pretende hacer efectivo, la derogatoria del DS 009-2009-ED y las otras normas mencionadas, así como a los numerosos atentados que han venido determinando el clima actual en el que se encuentra nuestro patrimonio y su gestión.
Es de conocimiento público que se han denunciado anteriormente hechos e intenciones de algunos “representantes de la cultura” en nuestro medio, sobre normas que pretenden desactivar cualquier forma adecuada en el manejo del patrimonio cultural, al representar éstas una “traba” para los fines de vender y concesionar territorio, de valores e identidad de todos los peruanos.
El citado proyecto de Ley deshonraría la “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural”, UNESCO 1972, la cual es plenamente vinculante en la normatividad nacional. Específicamente su artículo 5, b) solicita a los Estados Partes “instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban”. Actualmente el “servicio” requerido por UNESCO es el INC, no el Congreso Nacional, que no cuenta ni contaría con el “personal adecuado” para cumplir tarea tan especializada que escapan al ámbito político, que es la principal función del Congreso, por lo que esta tarea especializada derivaría en un impropio manejo político.
Desde Patrimonio y Sitios, conformada por miembros del ICOMOS Perú, hacemos de conocimiento a la opinión pública, a las distintas asociaciones y gremios allegados a la conservación del patrimonio, a las organizaciones no gubernamentales, a los organismos internacionales como UNESCO a través del Centro de Patrimonio Mundial, ICOMOS Internacional, World Munuments Fund, Getty Intitute y a los profesionales independientes; que a través de distintos medios y foros abiertos, hemos venido alertando sobre la vulnerabilidad en la que se encuentra el patrimonio cultural peruano para someterlos a intereses subalternos de lucro y de “ambiciones históricas” personales.
Igualmente, al expresar nuestro completo rechazo al manejo actual del patrimonio cultural peruano (no se puede hablar de política cultural a favor, pues las evidencias hacen pensar en una política en contra de nuestros bienes culturales) con la anuencia y permisividad por parte del Instituto Nacional de Cultura, hacemos un llamado a las organizaciones internacionales a intervenir en apoyo a un Estado de Derecho, pues ello significa manifestarse a favor de la salvaguardia de nuestro legado cultural.
Los miembros de Patrimonio y Sitios ponemos en evidencia que, las normas anteriormente promulgadas que convergen hoy en el proyecto de ley 3464, son medios que evidencias de la indolencia y el desprecio con los que el gobierno central ha venido tratando los temas de cultura y patrimonio material y que abren paso a intenciones subalternas de réditos financieros que pretenden subastar la riqueza de nuestra cultura sin complicaciones legales, pero con atropellos éticos y morales.
Finalmente declaramos que las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y los profesionales especializados, no hemos sido partícipes ni hemos sido consultados de ningún modo para la redacción de las polémicas normas que hoy se encuentran vigentes, conforme lo recomiendan las cartas, declaraciones y tratados internacionales suscritos por el Estado Peruano sobre la Conservación del Patrimonio.
Lamentablemente, el Instituto Nacional de Cultura no ha sido ajeno a ello: a pesar de las atribuciones de protección de nuestro patrimonio que le otorga la ley, fue incapaz de cumplir con su misión, por eso ahora, con este proyecto de ley se le pretende recortar sus atribuciones, lejos de cambiar a los funcionarios ineficientes o de reforzar su accionar elevando su presupuesto, capacitando personal e incrementándolo, así como de proveerlo del equipamiento necesario para el cumplimiento de sus amplias funciones en la salvaguardia de nuestro patrimonio cultural.
Por otro lado el gobierno central, parece haber olvidado lecciones del pasado. Contemporáneamente a la creación del INC (1971) se dieron importantes inversiones, públicas y privadas en nuestro patrimonio cultural (restauraciones para sedes bancarias y estatales, creación de COPESCO y su acción en el eje Cusco-Puno) que fueron posibles, gracias a facilidades tributarias y otras normas a favor de nuestro legado cultural. Lo que hoy se pretende es dar marcha atrás con todo lo avanzado en décadas.
En tal sentido, Patrimonio y Sitios, se suma a la protesta nacional para el archivamiento definitivo del proyecto de ley 3464 que el gobierno central pretende hacer efectivo, la derogatoria del DS 009-2009-ED y las otras normas mencionadas, así como a los numerosos atentados que han venido determinando el clima actual en el que se encuentra nuestro patrimonio y su gestión.
Es de conocimiento público que se han denunciado anteriormente hechos e intenciones de algunos “representantes de la cultura” en nuestro medio, sobre normas que pretenden desactivar cualquier forma adecuada en el manejo del patrimonio cultural, al representar éstas una “traba” para los fines de vender y concesionar territorio, de valores e identidad de todos los peruanos.
El citado proyecto de Ley deshonraría la “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural”, UNESCO 1972, la cual es plenamente vinculante en la normatividad nacional. Específicamente su artículo 5, b) solicita a los Estados Partes “instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban”. Actualmente el “servicio” requerido por UNESCO es el INC, no el Congreso Nacional, que no cuenta ni contaría con el “personal adecuado” para cumplir tarea tan especializada que escapan al ámbito político, que es la principal función del Congreso, por lo que esta tarea especializada derivaría en un impropio manejo político.
Desde Patrimonio y Sitios, conformada por miembros del ICOMOS Perú, hacemos de conocimiento a la opinión pública, a las distintas asociaciones y gremios allegados a la conservación del patrimonio, a las organizaciones no gubernamentales, a los organismos internacionales como UNESCO a través del Centro de Patrimonio Mundial, ICOMOS Internacional, World Munuments Fund, Getty Intitute y a los profesionales independientes; que a través de distintos medios y foros abiertos, hemos venido alertando sobre la vulnerabilidad en la que se encuentra el patrimonio cultural peruano para someterlos a intereses subalternos de lucro y de “ambiciones históricas” personales.
Igualmente, al expresar nuestro completo rechazo al manejo actual del patrimonio cultural peruano (no se puede hablar de política cultural a favor, pues las evidencias hacen pensar en una política en contra de nuestros bienes culturales) con la anuencia y permisividad por parte del Instituto Nacional de Cultura, hacemos un llamado a las organizaciones internacionales a intervenir en apoyo a un Estado de Derecho, pues ello significa manifestarse a favor de la salvaguardia de nuestro legado cultural.
Los miembros de Patrimonio y Sitios ponemos en evidencia que, las normas anteriormente promulgadas que convergen hoy en el proyecto de ley 3464, son medios que evidencias de la indolencia y el desprecio con los que el gobierno central ha venido tratando los temas de cultura y patrimonio material y que abren paso a intenciones subalternas de réditos financieros que pretenden subastar la riqueza de nuestra cultura sin complicaciones legales, pero con atropellos éticos y morales.
Finalmente declaramos que las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y los profesionales especializados, no hemos sido partícipes ni hemos sido consultados de ningún modo para la redacción de las polémicas normas que hoy se encuentran vigentes, conforme lo recomiendan las cartas, declaraciones y tratados internacionales suscritos por el Estado Peruano sobre la Conservación del Patrimonio.
Las personas razonables pueden y deben estar en desacuerdo sobre asuntos éticos, pero lo que de verdad importa es iniciar el diálogo y hacerlo sostenible.
(Fleuhr-Lobban 2003:xv)
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Patrimonio y Sitios
[P+S]
http://perpatrimonioysitios.blogspot.com/
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